05 Sep LA ONU ALERTADA POR EL DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA

Este Comité, constituido por 18 personas expertas independientes de diferentes nacionalidades, se encarga de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977. Cada Estado parte tiene la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Comité en Ginebra sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Tras la comparecencia de España que tuvo lugar antes del verano, el Comité en sus conclusiones publicadas el pasado 21 de mayo hizo especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y señala la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos guíen sus estrategias de recuperación económica.
El Comité también le recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos colectivos.

En sus recomendaciones finales el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma «desproporcionada» a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo. Asimismo, recuerda al Estado que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
El Comité destaca las altas tasas de pobreza y la situación de las personas que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Muestra también inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.
La discriminación, especialmente hacia la población migrante y gitana y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. 

Cabe destacar que al emitir las recomendaciones sobre España, el Comité dirigió una carta pública a todos los Estados parte del PIDESC, en la que plantea los criterios que las políticas de austeridad y otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto. Primero, cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; segundo, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada, de tal manera que no adoptarlas pondría en riesgo aún más los derechos humanos; tercero, no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis, así como asegurar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables. Finalmente, según el Comité, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en el PIDESC en todo momento.