12 Sep SESTAO PERSEGUIRÁ EL USO FRAUDULENTO DE LAS TARJETAS DE APARCAMIENTO EN PLAZAS RESERVADAS
Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad son indispensables para favorecer la movilidad y la inclusión de este colectivo que se halla en una clara situación de desventaja para realizar un gran número de actividades cotidianas y, en especial, para acceder en condiciones de igualdad a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida. El transporte en coche es fundamental para que las personas con movilidad reducida puedan participar en la sociedad, ir a trabajar, a estudiar, hacer deporte o disfrutar del ocio, con las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.
Sin embargo, el fraude en su utilización es una práctica muy extendida debido al vacío legal que existe respecto de su utilización y a la ausencia hasta la fecha de mecanismos de control y sanción de las conductas incívicas e infractoras.
Las tarjetas de estacionamiento de vehículos que transportan personas con discapacidad se rigen por el Decreto 256/2000, que adapta la normativa y el establecimiento de las condiciones para su concesión al modelo comunitario aprobado por el Consejo de la Unión Europea en 1998. No obstante, son los ayuntamientos quienes tramitan las tarjetas y regulan su uso en el ámbito de cada municipio.
La tarjeta de estacionamiento es personal e intransferible y únicamente puede ser utilizada cuando el titular conduce o es transportado en el vehículo. De la vulneración de esta norma se derivan los usos fraudulentos de las tarjetas.
Muchas tarjetas se solicitan para familiares con discapacidad (padres o madres mayores, hijos e hijas con discapacidad, por ejemplo), y después la utiliza el resto de la familia para aparcar en plaza reservada cuando incluso no comparten ni el mismo domicilio que la persona titular.
Peor aún, muchas tarjetas se continúan utilizando cuando sus titulares han fallecido.
Por eso, desde Fekoor hacemos hincapié en el hecho de que es imprescindible establecer un régimen sancionador y mecanismos de control que persigan el fraude y contemplen sanciones económicas o la pérdida temporal o definitiva de la tarjeta, en caso de ilegalidad reiterada.
Una solución que están adoptando ayuntamientos como el de Sestao, cuyo alcalde, Josu Bergara, ha hecho público que antes de fin de año aprobará una normativa para establecer limitaciones y sanciones a quienes hagan un uso fraudulento de las tarjetas. Entre las sanciones barajan la retirada temporal de las mismas.
Caos normativo
Una iniciativa que se debería extender a todos los municipios vascos ya que otro de los problemas que detectamos es la diversificación normativa, puesto que no hay una legislación que unifique los criterios de uso. Cada ayuntamiento hace sus ordenanzas reguladoras siguiendo las indicaciones generales del decreto del Gobierno Vasco.
A día de hoy, no existen las mismas opciones de aparcamiento ni información clara al respecto ya que algunos ayuntamientos por ejemplo, regulan el aparcamiento gratuito en zona OTA a las personas titulares de la tarjeta y otros no, lo que aumenta la confusión.
Además el número de tarjetas en circulación crece sin cesar al aumentar las situaciones de dependencia. En este momento se tramitan alrededor de 2.000 tarjetas al año en Euskadi. Pero las parcelas reservadas siguen siendo las mismas, 1 por cada 40 tal y como fija la «Normativa para la supresión de barreras arquitectónicas» de 1981.