16 Ene EL GOBIERNO VASCO TENDRÁ QUE IMPLANTAR EL COPAGO FARMACÉUTICO EN EUSKADI
El Departamento vasco de Salud está trabajando para poner en marcha el sistema informático para gestionar el copago famaceútico de manera progresiva en Euskadi, tal y como ha ordenado ya el Consejero de sanidad, Jon Darpón. Una vez que se culminen los trámites necesarios, en la Comunidad Autónoma Vasca las personas pensionistas pagarán, con carácter general, el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.
A partir de la reforma, las personas jubiladas con una pensión anual de hasta 18.000 pagarán un 10% del valor del medicamento con un máximo de 8 euros al mes. Quienes tengan una pensión más alta de 18.000 euros pagarán ese mismo 10%, aunque en este caso el tope mensual será de 18 euros.
No hay ninguna medida específica para las enfermedades crónicas, aunque sí existe ese tope de 8 o 18 euros en función de la pensión. A partir de ahora quienes cuenten con un sueldo bruto anual de hasta 100.000 euros pagarán un 10% más, es decir, el 50% del precio y quienes superen esta renta pagarán el 60%.
Las personas sin empleo también pagarán más por las medicinas, aunque en este caso se distingue entre quienes reciben prestaciones y quienes no. Tampoco pagarán por los medicamentos quienes reciben una pensión no contributiva.
Desde FEKOOR solicitamos el acceso a los servicios y prestaciones sin costo añadido, ya que el modelo de financiación vía copago no involucra por igual a toda la sociedad en el sistema, discriminando a la persona dependiente y responsabilizándola de su diferencia.
Además obliga a pagar dos veces, porque ya cotizamos por el mismo servicio vía impuestos. El copago consolida un derecho menos fundamental que los recogidos en los pilares del estado de bienestar. Los recortes en el gasto social, unidos a medidas como el copago en la sanidad, transporte, material ortoprotésico, los servicios sociales y los recursos de apoyo, o la restricción en el acceso a servicios y prestaciones, generan más desigualdad, profundizan en la ruptura de la justicia y la cohesión social y aumenta las situaciones de discriminación, exclusión y marginación.
La crisis económica incide de forma más virulenta en los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad. El impacto de la crisis económica y de empleo, evidente en toda la sociedad, es mucho mayor en las personas con discapacidad y en sus familias.
Además de ser más pobres y padecer una mayor exclusión social, las personas con discapacidad sufren un agravio económico estructural consistente en que para ellas la adquisición de bienes, productos y servicios se encarece hasta un 40% respecto del precio normal de mercado por razón precisamente de su discapacidad.
Por eso, las medidas políticas que se adopten para afrontar la crisis no pueden penalizar ni afectar a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión. La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.