21 Nov VI. JORNADAS FEKOOR: LA AUSTERIDAD A JUICIO. #SOStenible
El foro de debate anual de Fekoor ha querido poner este año el foco de atención en las consecuencias y los graves efectos que están teniendo las políticas de austeridad y de recortes en gasto social sobre la dignidad, la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad.
La jornada fue inaugurada por el Viceconsejero de Asuntos Sociales, Iñigo Pombo, el Director de Promoción de la Autonomía Personal y Atención la Dependencia de la Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo, y por el Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo Maiz, y el Director de Fekoor, Juan Carlos Sola.
En su intervención, el director de Fekoor hizo hincapié en las graves consecuencias que las políticas de austeridad y de los recortes en gasto social están teniendo en la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad, «un colectivo muy vulnerable en contextos de emergencia social como el actual que está viviendo en primera persona la precarización de los recursos, programas y servicios de apoyo que precisamos las personas con discapacidad para atender nuestras necesidades, reducir la desigualdad y las situaciones de discriminación y vulnerabilidad social para alcanzar una calidad de vida digna».
El Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bilbao Eduardo Maiz, destacó a los actores presentes en las mesa inaugural como una muestra de la alianza institucional y del compromiso que en su opinión es necesario para mantener los recursos sociales y garantizar que las personas con discapacidad gozan de igualdad de oportunidades para participar en la sociedad».
El Director de Promoción de la Autonomía Personal y Atención la Dependencia de la Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo, ratificó su confianza en el estado social europeo que con el 5 % de la población sostiene el 50 % del gasto social mundial. «Un modelo que queremos para Euskadi y para Bizkaia porque los servicios sociales son una inversión de futuro que tienen retorno económico en clave de desarrollo, de creación de riqueza, empleo, bienestar para la ciudadanía y cohesión social», explicó.
En el mismo sentido, el Viceconsejero de Asuntos Sociales, Iñigo Pombo, defendió nuestro modelo de protección social que en ningún caso contempla como un gasto, sino como una inversión en el bienestar y la calidad de vida de las personas porque según sus propias palabras «el Estado del Bienestar es un objetivo irrenunciable y en ese sentido es preciso trabajar conjuntamente para hacerlo sostenible».
Antes de dar comienzo a las ponencias de la jornada, el representante de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia (BENE), Juan Carlos Pichel, leyó el manifiesto suscrito con motivo de la celebración el 15 de noviembre del Día de las Enfermedades Neuromusculares, en el que hicieron pública su preocupación por la reducción y los recortes en servicios y prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales.
El Ararteko Iñigo Lamarca, fue el encargado de abrir el debate abordando las consecuencias de las políticas de austeridad y de la crisis para los colectivos en riesgo de inclusión desde la perspectiva de los derechos humanos. En su intervención, el Ararteko afirmó creer firmemente que el Estado Social es sostenible y que hay que defenderlo «porque con la crisis como excusa y el austericidido el neoliberalismo impone sus reglas y tiene una agenda para reducir gasto público y social y privatizar los servicios públicos». Para el Ararteko hay alternativas a las políticas de austeridad porque «la Inversión Social tiene un retorno económico importante y además genera empleo».
Para finalizar destacó la gran labor de las entidades sociales para cubrir las necesidades de apoyo de las personas y se mostró partidario de construir grupos de presión en defensa del Estado Social en Europa porque «una de cada seis personas europeas tiene discapacidad, un porcentaje de población más que significativo para defender el Estado del Bienestar en Europa», concluyó.
A continuación, Beatriz de Miguel Vijandi Técnico de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE mostró los resultados del estudio «Impacto de las medidas de austeridad de los gobiernos europeos y España en los derechos de las personas con discapacidad», que analiza los recortes en gasto social de 27 países, entre ellos Grecia, Hungría, Irlanda, España, Portugal y Reino Unido
El estudio revela recortes directos en todos los países en presupuestos y financiación, en el apoyo al empleo, (disminución del 10% de las tasas de empleo de jóvenes con discapacidad severa entre 2005 – 2010); un fuerte impacto en el apoyo a la educación y recortes directos en ayudas a la vida independiente, como en Gran Bretaña que incluso ha suspendido su programa de apoyo para nuevas personas beficiarias.
De todo ello se deriva, según explicó Vijandi «un fuerte incremento del riesgo de pobreza entre las personas con discapacidad superior al 21 %, comparado con el 14,9% que acusa la población sin discapacidad».
En la mesa redonda moderada por Antonio Jiménez Lara, del Observatorio Estatal de la Discapacidad, intervino también Silvia Apodaka, representante de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica del País Vasco (ELKARTEAN), a la que pertenece FEKOOR. Apodaka presento los resultados de un trabajo de análisis de la evolución de las prestaciones y recursos para las personas con discapacidad en Euskadi, con la finalidad de detectar los casos en los que se ha producido algún tipo de eliminación, restricción o recorte entre 2009 y 2013 como consecuencia de las políticas de ajuste en gasto social que se vienen produciendo en los últimos años.
El estudio analiza la evolución presupuestaria de las distintas administraciones públicas (en la CAPV y las Diputaciones Forales) en los ámbitos de las políticas de inclusión, los recursos y prestaciones sociales de atención a la dependencia, y el empleo, evidenciando la evolución restrictiva que se está produciendo en la reducción de los recursos de apoyo y en el endurecimiento de los requisitos de acceso a servicios y prestaciones en estos mismos ámbitos.
Apodaka trasladó algunos datos preocupantes, como que en Euskadi, 5.700 de las 46.598 personas con derecho reconocido, carecen de prestación (el 12%). «Una tendencia que se consolidada con la progresiva reducción del presupuesto estatal que ha anunciado un tijeretazo de 1.029 millones (el 46,7% de la partida presupuestaria) para 2014», advirtió.
La representante de Elkartean destacó también que se ha producido una reducción muy significativa del importe de las prestaciones por desempleo del nivel contributivo y nuevas restricciones para acceder al subsidio de desempleo y a la renta activa de inserción, «así como una reducción del presupuesto en un 7% y de las prestaciones efectivas de la Renta de Garantía de Ingresos o a la reducción de los importes máximos de las Ayudas de Emergencia Social, y su notoria insuficiencia para atender a la creciente demanda».
Para finalizar José Luis Retolaza Ávalos, profesor de Economía Financiera en la Universidad del País Vasco habló sobre el retorno social de las inversiones públicas en el marco de un modelo social.
Para el profesor Retolaza «administraciones públicas, ciudadanía y entidades sociales son piezas clave a la hora de crear valor económico y social, en un nuevo modelo de creación conjunta de valor no solo de distribución de recursos». Las entidades sociales, explicó generan valor social y retorno económico, y en este sentido «las políticas de recortes son erróneas conceptualmente desde el punto de vista económico».
En este sentido, la creación de valor compartido tiene como objetivo central expandir el alcance del valor económico y social a todos los grupos de interés relevantes en la sociedad.
Para avanzar en esa dirección y consolidar las estructuras básicas de un Estado de Bienestar Social sostenible, es necesario potenciar «el trabajo conjunto entre los diferentes agentes sociales y económicos para la generación de valor en el ámbito social, ptimizando la generación de valor con los recursos existentes, potenciando la innovación y la competitividad. Un nuevo modelo «que nos permite cuantificar el valor social generado por las organizaciones sociales, y por tanto, realizar análisis de Benchmarking sobre eficiencia y eficacia del sistema», concluyó.