03 Feb EUSKADI APRUEBA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Las conclusiones del estudio del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, señalan que Euskadi junto con Castilla y León lideran el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, situación que contrasta con la de Comunidades Autónomas como Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, que suspenden en su aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de comunidades que tienen el sistema en «clara decadencia».
Este estudio analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de personas atendidas sobre el total de la población.
La organización asigna una puntuación a cada indicador y después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que empatan con un 3,8, y Madrid, que se queda en un 4,3.
En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucía (5,8), Cantabria y la Rioja (6,3).
Castilla y León con 9,6 y el País Vasco con 8,3 puntos, respectivamente se sitúan en la parte alta de la tabla.
En proceso de demolición
Según las valoraciones recogidas del análisis de los datos del estudio, el desarrollo del sistema en España en el último año se traduce en un «proceso de demolición» en la mayoría de las comunidades que ha provocado entre otras consecuencias que se incremente la cifra de personas en situación de dependencia que tienen derecho a una prestación pero no la reciben.
Este grupo de personas asciende en la actualidad a 190.503 en Espeña que tienen que afrontar tiempos de espera «insufribles» de varios meses para acceder al sistemas y tener derecho a un recurso de apoyo o prestación. La organización responsable del estudio ha señalado que muchas personas fallecen incluso antes de ser atendidas. Desde 2011, hasta 60.000 personas han fallecido en esta situación.
Al «colapso» del sistema, según la fuente emisora del informe, se suman las restricciones del nuevo baremo para evaluar la situación de dependencia, que endurece la entrada de personas dependientes, en especial los de grado III, lo que aboca a una tendencia negativa de disminución relativa. Así, la cifra se ha recortado en 62.690 personas tras la aplicación del nuevo modelo, según ha denunciado la agrupación.
La disminución del cuatro por ciento del gasto público en el sector en el último año en España es otra de las preocupaciones del sector, que barajan la hipótesis de que se está incrementando el copago hasta el punto de que personas usuarias y Estado casi han equilibrado su nivel de aportación.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «la Administración central incumple sus compromisos de financiación de la Ley considerando que su inversión con respecto a las comunidades es de un 25,7 por ciento en vez del 50 por ciento de gasto público que debería asumir».
Comunidades como Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana, junto con Ceuta y Melilla que se sitúan a la cola en número de personas beneficiarias, son las que menos gasto público destinan a la atención de las personas más vulnerables, mientras que Cantabria, La Rioja y País Vasco superan el gasto medio estatal.