28 Mar LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN RIESGO POR LA REFORMA DE LA LEY DE SUBVENCIONES QUE PREPARA EL GOBIERNO CENTRAL
La aprobación en los términos en que está redactado el Anteproyecto de modificación de la Ley General de Subvenciones actual, conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector, según las primeras valoraciones de la Plataforma del Tercer Sector estatal, dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) señala que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
En este sentido, la Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos «no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva».
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida. De mantenerse la redacción propuesta abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la Plataforma alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de «interés general» que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, lamentan que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. Esta nueva regulación hará en la práctica que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.
Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Fuente: Cermi.es