26 Mar Elkartean reivindica un nuevo contrato social en el que los cuidados sean un derecho de ciudadanía con responsabilidad compartida
En su intervención sobre “Los cuidados y la discapacidad. Una doble vertiente”, Ugalde ha precisado que dentro de los dos tipos de cuidados existentes, los informales no son remunerados y habitualmente los desempeñan las mujeres del núcleo familiar, de entre 45 y 69 años, mientras que los formales los brindan profesionales y son pagados.
En ese sentido, ha reprochado que las políticas públicas “dan por supuesto que las familias, y dentro de ellas las mujeres, deben asumir la provisión de bienestar de sus miembros”, lo que les aboca a un mayor riesgo de caer en la pobreza y de tener mala salud debido al abandono o imposibilidad de acceder a un empleo.
Desde ese punto de vista, Ugalde ha reivindicado que el cuidado sea considerado un derecho de ciudadanía y se diseñe un nuevo contrato social en el que esta tarea sea asumida como una responsabilidad compartida entre Estado, mercado, sociedad, así como entre hombres y mujeres dentro del hogar. “No se trata de promover solamente una mayor oferta de cuidado, sino de universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para el cuidado, siendo la única manera de que se inserte como un derecho humano fundamental”.
Mujer y discapacidad
Respecto a las mujeres con discapacidad, ha señalado que se las ve como perceptoras de cuidados, a pesar de que también ejercen de cuidadoras en el núcleo familiar pero sin la capacidad de decidir sobre ello.
De hecho, ha recordado que iniciativas recientes del marco normativo (el Decreto Foral 24/2017 sobre la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores de Gipuzkoa, o el Proyecto de Decreto sobre Acogimiento Familiar de la CAV), discriminan a las mujeres con discapacidad al negarles la posiblidad de ser cuidadoras o acogedoras con el argumento de que son incapaces, pero sin verificar su capacidad por parte de los servicios sociales municipales a través de un informe de idoneidad.
“Se da por supuesto nuestro rol de cuidadoras de otras personas que nos necesitan (padres, madres, otros familiares en situación de dependencia), pero se nos impide convertirnos en madres cuando así lo deseamos”.
Ha recordado, en este sentido, que muchas mujeres con discapacidad se han visto abocadas a esterilizaciones forzosas, a no poder acoger a menores, a no acceder a prestaciones reconocidas a cuidadoras de personas dependientes porque no se les ve como posibles cuidadoras; a no mantener la custodia de hijas e hijos ante situaciones de separación o divorcio o a ser alejadas de sus menores cuando viven situaciones de violencia.
Por ello, Elkartean reivindica abordar esta cuestión desde una doble vertiente: incluir el enfoque de género en las políticas de discapacidad y la discapacidad en las políticas de género, así como cambiar el modelo de cuidados en línea con el paradigma de vida independiente que da el derecho a decidir.
“Decidir ser cuidadas en nuestro entorno, en nuestra casa, con los apoyos técnicos, humanos y económicos que necesitemos en cada momento, porque el sistema de cuidados en los domicilios no puede ser a coste 0, se merece que le demos el valor y el reconocimiento que tiene. Y decidir a quién cuidar y cuándo hacerlo. No queremos ser cuidadoras por obligación por el hecho de tener una discapacidad y suponer que es la única tarea para la que estamos capacitadas. Podemos y queremos cuidarnos a nosotras mismas, a nuestras parejas, a nuestras hijas e hijos si decidimos libremente tenerlos”, ha finalizado.