06 Jul Fekoor aplaude la sentencia que condena a Educación a indemnizar a una profesora con discapacidad porque la accesibilidad es una “obligación legal”
Fekoor ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao que ha condenado al Departamento vasco de Educación a indemnizar a una profesora con discapacidad porque, según ha remarcado, “ejercer su trabajo en igualdad de condiciones y la accesibilidad universal son un derecho y una obligación legal”.
Según ha publicado hoy El Correo, la maestra reclamó durante 16 años, hasta que se jubiló, que pusieran un ascensor en el colegio Zurbaranbarri de Bilbao donde tenía plaza, si bien se instaló cuando ésta ya se había retirado de la vida laboral.
Fekoor considera que Educación “vulneró el derecho de la profesora a ejercer su trabajo en igualdad de condiciones al no adaptar su puesto de forma adecuada, así como su derecho a vivir de manera independiente y a estar incluida en la comunidad”. “Y aún más grave, ignoró el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”, ha precisado la coordinadora de proyectos de la entidad, Ana Osuna.
Vulneración de derechos
A su entender, la “inacción” de Educación ha supuesto “no solo un daño físico, sino de vulneración de derechos fundamentales que se han justificado con ideas peregrinas como que no accedió a la plaza por el turno de discapacidad y que se había jubilado voluntariamente”.
“El Gobierno vasco adoptó medidas insuficientes, no inclusivas y aisladas, en espacios segregados del entorno laboral y con el agravante de hacerlo en una escuela, que debiera ser ejemplo de promoción de valores de inclusión e igualdad de trato”, ha reprochado.
En ese sentido, Osuna ha recordado que la accesibilidad universal es “un derecho y una condición indispensable para poder participar de manera plena en todos los ámbitos de la sociedad, es una obligación legal y, sobre todo, es una inversión social que redunda en beneficio de toda la ciudadanía”.