Fekoor reclama este 1º de Mayo al Gobierno vasco que equipare las medidas de apoyo al empleo ordinario y protegido

Con motivo de celebrarse mañana el 1º de Mayo, Fekoor ha pedido al nuevo Gobierno vasco que equipare las medidas de apoyo al empleo ordinario y protegido recogidas en el Decreto 152/2023, de 17 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de Euskadi, en coherencia con el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El director de Fekoor, Javier Gil, ha precisado que este año Lanbide ha destinado 6,5 millones de euros para financiar las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, mientras que para la inserción laboral de personas con discapacidad en empresa ordinaria ha invertido 850.000 euros.

En ese sentido, ha demandado la equiparación económica de ambas ayudas dado que “nuestro colectivo tiene el derecho a trabajar en igualdad de condiciones a las demás personas, lo que incluye ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles”.

Ha recordado que las mujeres y hombres con discapacidad encuentran “mayores dificultades y obstáculos” para el acceso, continuidad y promoción en el ámbito del empleo, como lo demuestra el hecho de que la tasa de actividad de este colectivo en el País Vasco fue del 43,2 por ciento en 2022 frente al 56,47% de las personas sin discapacidad.

Cuota de reserva

Fekoor solicita también que se desarrolle una normativa específica para ampliar y garantizar la aplicación de la cuota de reserva a este colectivo en empresas con plantillas de menos de 50 personas y en las cooperativas, así como establecer ayudas específicas y suficientes para respaldar el empleo autónomo y el emprendimiento de personas con discapacidad.

Otra de sus reivindicaciones es que se asegure su acceso al empleo público con medidas de acción positiva y condiciones necesariasen todos los puestos y fases (bolsa de empleo, pruebas de acceso, mantenimiento y promoción), tanto del personal funcionario como del personal laboral.

Asimismo, demanda que se elimine cualquier exigencia discriminatoria relativa a acreditar la capacidad, así como las convocatorias específicas reservadas a personas con discapacidad, frente a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en las convocatorias generales con las debidas garantías.

En cuanto a la orientación laboral, pide que se garantice una gestión pública de la misma a través de la dotación a Lanbide de los recursos económicos, humanos y materiales suficientes y adecuados.

Por último, exige que se asegure la adaptación de los puestos de trabajo y se impulse la innovación tecnológica para hacer realidad el empleo de todas las personas con discapacidad.